Preguntas frecuentes sobre incapacidad, trabajo y extranjería

Existen cuatro grados reconocidos por la Seguridad Social: parcial, total, absoluta y gran invalidez. La
incapacidad parcial permite continuar trabajando con ciertas limitaciones; la total impide ejercer la
profesión habitual; la absoluta impide realizar cualquier trabajo; y la gran invalidez requiere asistencia
para las actividades básicas. Cada una conlleva diferentes derechos y cuantías económicas.

Es posible interponer una reclamación previa ante el INSS. Si esta también es desestimada, puede iniciarse un
procedimiento judicial. Es fundamental contar con informes médicos actualizados y bien estructurados, así
como asesoramiento legal especializado para valorar la viabilidad del recurso.

Informes médicos actualizados, historial clínico completo, informe de vida laboral, parte de baja (si
procede) y cualquier documentación que acredite la limitación funcional. Es recomendable incluir también
dictámenes de especialistas.

Sí, aunque no es habitual. Si la dolencia limita gravemente la capacidad para seguir desempeñando el puesto
de trabajo, se puede iniciar el proceso estando en activo.

El proceso puede extenderse entre 3 y 9 meses, dependiendo de si es vía administrativa o judicial. Las
reclamaciones judiciales suelen alargar el procedimiento, pero también ofrecen mayores garantías si el caso
está bien documentado.

El organismo puede rebajar o extinguir la pensión tras una revisión. Ante esa situación, se puede impugnar la
resolución aportando nueva documentación médica.

Presentar informes incompletos, no detallar las limitaciones funcionales reales o hacerlo sin una estrategia
jurídica clara. Un error en esta fase puede condicionar todo el proceso posterior.

Depende del grado. Las incapacidades parciales y totales permiten trabajar en actividades compatibles. En
casos de incapacidad absoluta o gran invalidez, no se puede trabajar salvo excepciones muy específicas. Se
debe tener cuidado para no perder la pensión.

El plazo para impugnar un despido es de 20 días hábiles desde su notificación. Este plazo es improrrogable.
Si no se actúa dentro de ese periodo, se pierde el derecho a reclamar judicialmente.

El despido es procedente cuando se justifica legalmente. Es improcedente si no se demuestra la causa o no se
cumplen los requisitos legales. Es nulo cuando vulnera derechos fundamentales (por ejemplo, despidos
discriminatorios o durante una baja médica). Cada caso conlleva consecuencias distintas.

No necesariamente. Firmar un finiquito no implica renunciar a derechos si hubo coacción, desinformación o
incumplimientos. Es aconsejable revisarlo con un abogado antes de firmar, o firmar indicando “no conforme”.

El finiquito incluye los pagos pendientes (días trabajados, vacaciones no disfrutadas, etc.). La
indemnización corresponde a la compensación por el despido, según la causa y el contrato.

Depende del tipo de despido, la antigüedad en la empresa y la causa alegada. Un análisis detallado del caso
permite determinar el importe exacto de la indemnización.

Es aquel en el que la empresa no comunica formalmente el despido, pero cesa en la asignación de tareas,
impide el acceso al puesto o da por terminada la relación laboral de facto. Puede reclamarse judicialmente.

Un despido en baja médica puede ser improcedente o incluso nulo si se demuestra que tiene carácter
discriminatorio o vulnera derechos fundamentales. Cada caso debe analizarse en detalle.

Sí. Cualquier modificación sustancial de las condiciones laborales debe ir acompañada de una causa objetiva y
un procedimiento específico. Si no se respeta, puede ser impugnado.

Para el trabajador, no asistir puede implicar el archivo del procedimiento. Para la empresa, puede suponer
una condena en costas si no justifica su incomparecencia en un juicio posterior.

Está obligado a notificar por escrito el motivo y fecha del despido. Si no lo hace, se vulneran derechos
esenciales y el despido podría calificarse como improcedente o nulo.

Aunque no se tenga derecho a prestación contributiva, se puede reclamar la legalidad del despido y exigir
indemnización. También puede haber derecho a subsidios en función de la situación personal.

Sí. La relación laboral puede probarse por otros medios (mensajes, testigos, transferencias, etc.). El hecho
de no tener contrato no exime al empleador de sus obligaciones legales.

Sí. El trabajador puede interponer una reclamación de cantidad. El plazo general es de un año desde que se
devengó cada salario.

El procedimiento varía según la situación de la persona: por residencia, arraigo, matrimonio, entre otros. Un
abogado de extranjería puede orientar sobre la vía adecuada, reunir la documentación exigida y presentar el
expediente correctamente para evitar demoras o rechazos.

Sí. Se puede presentar un recurso ante la Audiencia Nacional si se considera que la resolución es injusta,
arbitraria o si se han vulnerado plazos legales.

Sí. La situación administrativa no anula los derechos laborales. El trabajador tiene derecho a percibir
salarios adeudados, indemnizaciones y a denunciar condiciones ilegales.

Cualquier documentación relacionada con tu caso: contratos, nóminas, cartas de despido, informes médicos,
resoluciones del INSS, etc. Cuanta más información fiable se tenga desde el inicio, más ajustada será la
valoración legal.